| Existe un claro peligro de estancamiento económico a menos que se refuerce la coordinación entre el sistema productivo y el educativo. Esta preocupación se recoge y condiciona las diferentes políticas científica y tecnológica. Es evidente el esfuerzo que vienen realizando las diferentes administraciones públicas a la hora de ampliar las ayudas a la investigación y en promocionar proyectos de investigación conjuntos entre la Universidad y el sector empresarial, así como en ofrecer posibilidades de formación y movilidad de personal entre ambos sectores. En nuestro pais se ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo en formación, lo que ha derivado en un importante activo de doctores que hay que rentabilizar. De ahí que existan interesantes ayudas para la incorporación de doctores a empresas, doctores que una vez incorporados al sector empresarial pueden iniciar actividades innovadoras en el mismo. La tercera fase del Plan Nacional de I+D que se encuentra en vigor presenta como novedad el Programa Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria, con el que se pretende mitigar los desequilibrios entre el sector público y el empresarial en nuestro País y orientar las actividades de I+D del entorno científico hacia temas de interés para las empresas, estimulando la participación empresarial. Este Plan coordina las actividades de I+D a nivel sectorial, es decir, con las actuaciones de los distintos ministerios que tienen competencias en I+D, y por otro existe coordinación con las Comunidades Autónomas. En esa línea están el Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico y del Conocimiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el Plan de Innovación Tecnológica 2001 que gestiona el Instituto de Fomento Región de Murcia.
A nivel europeo el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea tiene como objetivo principal fortalecer la base científica y tecnológica de la industria comunitaria para incrementar su competitividad internacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. La participación en dicho Programa está abierta a empresas públicas o privadas, universidades, centros de investigación públicos y privados, o a cualquier otro tipo de entidad jurídica, que estén establecidos en alguno de los Estados Miembros o Asociados de la Unión Europea. |
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